El restaurante de la Isla de Benidorm, ocupada desde el franquismo, tiene los días contados

La batalla ecologista por la protección y conservación del medio ambiente marítimo terrestre en el País valenciano está a punto de ganar una importante batalla, tras varios años de lucha contra la impunidad.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Medio Rural, dirigida por Compromís, podría precintar en breve y sine die los accesos al restaurante de la Isla de Benidorm, construido y explotado ilegalmente desde 1967, por contaminar el entorno marítimo y terrestre perteneciente al Parque Natural de Serra Gelada, que afecta a los términos municipales de Altea, L’Alfàs del Pí y Benidorm.

Esta medida encaminada a preservar y regenerar la zona, podría ejecutarse antes de que finalice el presente mes de noviembre, según ha sabido Público de fuentes directas, al disponer ya de los preceptivos informes técnicos y análisis que avalarían la contaminación tóxica, tanto del entorno marino como de la zona terrestre ocupada por este establecimiento, por los vertidos al mar de materia fecal y cocinas desde hace décadas y por los restos de combustible de los motores de gasóleo que activan los generadores eléctricos del complejo hostelero.

Como ya adelantó Público, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, aportaron en febrero de este año a la Fiscalía de Alicante un informe oficial que certificaba la emisión diaria de vertidos tóxicos al mar desde la isla.

José Manuel Cervera, gerente e hijo del propietario del negocio, entregó a los agentes durante la inspección un documento denominado "Plan Ambiental Restaurante Isla de Benidorm" elaborado por la bióloga Mercedes Varela en enero de 2017, donde pretendía mostrar a la autoridad su buena disposición por la conservación del entorno, al verse en el ojo del huracán judicial y sin el amparo del que ha disfrutado durante los gobiernos autonómicos del PP.

"La fosa séptica se vierte al medio marino al finalizar el día, después de la salida del último barco de turistas"

En este informe, realizado justo un mes después de que la Asociación Costa Blanca Marine denunciara ante la Fiscalía a la familia Cervera, por diversos presuntos ilícitos en la gestión de su entramado de empresas, se afirma que "el conjunto de aguas residuales, procedentes de la actividad del restaurante y de los baños van hacia una fosa séptica común, donde el agua salada con restos fecales y de orina se mezclan con las aguas dulces del restaurante. La fosa séptica se vierte al medio marino al finalizar el día, después de la salida del último barco de turistas". Pero añade más: el agua para uso industrial de cocina y limpieza del restaurante se extrae por bombeo mediante una cañería situada justo a escasos metros de la zona de vertidos.

Es decir, el informe encargado por la familia Cervera reconoce por escrito lo que durante años el patriarca José Cervera había estado negando a todo aquel que le interpelara, tanto medios de comunicación como instituciones del Estado.

No obstante los responsables de Medi Ambient decidieron por enésima vez inspeccionar de nuevo la isla y tomar muestras de agua del litoral, tras el informe de la Guardia Civil, esta vez en el periodo de actividad turística en Benidorm, obteniendo los resultados ahora conocidos y que se gestionaron desde los servicios territoriales de la Conselleria en Alicante.

Esta información ya fue comunicada a la familia Cervera hace algún tiempo, con la finalidad de que pudiera presentar las alegaciones que estimase oportunas al informe elaborado por la Conselleria, un plazo que finalizó el pasado 8 de noviembre. Según ha sabido este periódico, el abogado de la familia Cervera se limitó a pedir más tiempo para alegar, anunciando que se recurrirán en su caso las medidas que adopte la Generalitat Valenciana en relación a su restaurante.

Una larga lucha

Esta batalla, que apunta a su fin sólo en parte, nació de las denuncias de ecologistas y pequeños empresarios del mundo náutico y turístico de la Costa Blanca, que en 2015 emprendieron una batalla judicial por sus derechos para poner coto a los abusos y privilegios que, históricamente, se habían instalado en la gestión de puertos comerciales de Benidorm y otras localidades turísticas, desde los tiempos en los que Eduardo Zaplana ocupaba el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana, y antes, con las adjudicaciones a dedo de rutas marítimas a afectos al régimen y que nunca han salido a concurso como establece la ley.

Una iniciativa fundamental para destapar las actividades ilegales fueron los informes elaborados por la agencia de detectives Distrito 46, encargados por la Asociación Costa Blanca Marine –que reúne a cerca de un centenar de pequeños empresarios náuticos y hosteleros– que pudo localizar desde dónde, cómo y cuándo se producían estos vertidos tóxicos, que dañaban principalmente los fondos marinos de especial interés para las actividades subacuáticas.

De hecho, este informe, al que también se dio traslado al presidente de la Generalitat Ximo Puig, a la vicepresidenta Mónica Oltra y a los portavoces de todos los grupos de les Corts Valencianes, aportaron muchas más informaciones relevantes que han servido para activar varias causas penales contra funcionarios y responsables políticos de Puertos de la Generalitat Valenciana, en sus puestos desde hace 25 años, y que también ha despertado el interés de la Agencia Tributaria.

Medi Ambient y las medidas a adoptar

A finales de julio pasado, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, acompañado del director general del Medio Natural, Antoni Marzo, aseguró en relación con el conflicto del restaurante de la isla de Benidorm que "si ahora tuviera que abrir, la normativa del Parque no lo permitiría, pero se trata de un establecimiento preexistente".

Y añadió que "no tenemos nada que decir respecto a las competencias municipales pero que, en todo lo que puedan ser afecciones medioambientales, llegaremos tan lejos como sea posible para erradicarlas. En estos momentos, tenemos un expediente abierto y si se confirman los vertidos ilegales adoptaremos las medidas que correspondan y ofreceremos toda la información a la Fiscalía de Medio Ambiente".

La isla es propiedad del Estado pero está en el parque natural que depende de la Generalitat Valenciana

"Una de estas medidas apuntadas es el cierre del establecimiento", señalan fuentes conocedoras del caso. No hay que olvidar que la isla es propiedad del Estado, pero su territorio está incluido en el Parque Natural Marítimo Terrestre de Serra Gelada que depende de la Generalitat y, por tanto, rigen normas de protección medioambientales muy precisas.

"Estas normas podrían impedir que el restaurante siguiera trabajando como hasta ahora, con cocina, sirviendo paellas, y utilizando motores a gasoil para generar energía eléctrica para neveras, microondas o lavadoras; incluso podrían sellar toda conducción de emisarios contaminantes", señalan abogados vinculados a grupos ecologistas.

En este sentido, añaden que "de esta manera el restaurante de la isla de Benidorm podría seguir existiendo de momento, pero debería volver a ser un simple puesto de venta de bocadillos y refrescos exclusivamente, y desde luego ya no sería negocio. Es más –apuntan– la Generalitat Valenciana tiene competencias para limitar las visitas a la isla en tanto que forma parte de un parque natural de especial protección, lo que reduciría notablemente el impacto medioambiental sobre este este espacio natural, que recibe cientos de miles de visitas al año, y contribuiría a su regeneración. Si quieren pueden hacerlo".

De hecho, el gran negocio de la familia Cervera son las rutas turísticas entre el puerto de Benidorm y Rincón de Loix y la isla, que trasladan en exclusiva a los turistas, una actividad que también gestiona el complejo empresarial de José Cervera, precisamente, desde que Fraga era ministro de Franco.