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El Gobierno da nueve razones por escrito para que los Mossos no estén en las fronteras mientras negocia con Puigdemont la cesión

El Ministerio de Interior certificó "las competencias exclusivas" de Policía Nacional y Guardia Civil

Reunión de la Junta Local de Seguridad, este viernes en Barcelona.
Reunión de la Junta Local de Seguridad, este viernes en Barcelona.EUROPA PRESS
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El posicionamiento del Gobierno sobre la seguridad en puertos y aeropuertos es meridiano. Y así lo trasladó a las Cortes por escrito. «El Estado tiene competencias exclusivas en materias de puertos y aeropuertos de interés general», señala dos veces el ministerio del Interior, dentro de una amplia respuesta donde desgrana hasta nueve motivos por lo que no se cederían competencias a ningún cuerpo autonómico. Sin embargo, justo eso exige Junts y el Ejecutivo negocia para desbloquear las consiguientes negociaciones sobre los presupuestos que permitan a Pedro Sánchez agotar la legislatura.

Moncloa respondía así de contundente a las preguntas parlamentarias que se generaron tras desvelarse en los medios que había ya maniobras para ceder estas competencias a los gobiernos autonómicos de Cataluña y del País Vasco.

Fue el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, quien, por escrito, pidió explicaciones al Ejecutivo. Reclamó aclaraciones sobre la publicación de que el Ministerio del Interior ya estaba elaborando instrucciones para entregar a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra «el control de aeropuertos y puertos en detrimento de la Policía Nacional y la Guardia Civil y que comportaría una alteración del reparto competencial histórico en estas infraestructuras claves para las fronteras del Estado», apuntaba el diputado navarro en su pregunta al Gobierno.

La respuesta del Ejecutivo debería suponer un portazo a la posible cesión de estas competencias a las policías autonómicas. Apela por duplicado a la Constitución; añade el «mandato constitucional» que emana de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; ratifica la posición de Interior de «mantener las competencias» a la vista de la normativa; niega el interés de alguna comunidad en el traspaso hasta ese momento -abril-; recuerda la competencia exclusiva de la Guardia Civil en las vías que «por su interés lo requieran», como «fronteras, puertos, aeropuertos»; subraya que «corresponde a la Policía el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, así como las competencias de (...) extradición, expulsión, emigración e inmigración»; insiste en que «en materia de puertos (...) corresponde a Interior (...) coordinar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» y, por último, incluso en el caso de «inspecciones de protección portuaria», en lo relativo a la cooperación con la Generalitat, certifica que «la Policía Autonómica Catalana pueda formar parte por invitación de la Autoridad Portuaria y sin ostentar la condición de miembro de pleno Derecho». Tres folios y nueve razones para plantarse a las exigencias de Puigdemont.

Aunque ahora la Generalitat, para dar cobertura a la negociación del PSOE con el prófugo, se ha sumado al interés de incluir a mossos en puertos y aeropuertos, el documento de Interior aclaraba que, un año atrás, «ninguna comunidad autónoma ha solicitado formalmente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el traspaso de funciones y servicios en materia de seguridad de puertos y aeropuertos». Y el Ejecutivo sentenciaba por escrito: «El Ministerio Interior no va a retirar las competencias que a la Policía y la Guardia Civil les corresponden en puertos y aeropuertos. Por ello, no hay ningún documento o informe en el Ministerio en tal sentido».

Esa determinación partía del los artículos 149.1.29ª, 148.6ª y 149.20ª de la Constitución, en relación con el 104.1 (competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública) y el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/1986, que atribuye a la Guardia Civil la custodia de toda «vías de comunicación, centros e instalaciones que por su interés lo requieran».

El pronunciamiento de Moncloa, remitido al Parlamento, adquiere relevancia ante la polémica tanto en Cataluña como en el País Vasco por la posibilidad de que las competencias en estas materias sean cedidas a las comunidades. De hecho, en las negociaciones con Junts, el Ejecutivo ya se comprometió a ceder -se usa ese verbo para evitar el más nítidamente inconstitucional transferir- las competencias de inmigración, lo que podría suponer el control de puertos y aeropuertos, ya que son vías de entrada de inmigración.

Pese a estar en las negociaciones bilaterales entre PSOE y Junts, ante el Congreso y por escrito, el Ejecutivo negó que fueran a producirse estas cesiones. «En el marco normativo, como parte integrante del bloque de constitucionalidad, sigue y seguirá operando el Ministerio del Interior», promete el Ejecutivo. Y remata proclamando la superioridad jerárquica de Interior, sin que ninguna «instrucción u órdenes» sobre actividades «a órganos administrativos dependientes» pueda entenderse como «alterar los ámbitos competenciales establecidos por el antedicho marco jurídico», es decir, con la Policía y la Guardia Civil en la cima.